La diputada Yully Porras aclaró que no cuestiona la disponibilidad de los recursos, sino que solicita mayor claridad sobre los valores comprometidos y la ejecución real de los proyectos con vigencias futuras.
Explicó que, según lineamientos del Consejo de Estado y la Procuraduría, al menos el 15% de cada proyecto debe ejecutarse en 2025, no solo aprobarse o comprometerse en el presupuesto.
Porras señaló que su intervención fue un llamado a la responsabilidad del Gobierno Departamental y pidió evitar malinterpretaciones, advirtiendo que ejercerá control político sobre la ejecución desde 2026.
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